Resumen: Se reitera la parte una indemnización de perjuicios que deriva de sentencia dictada por vulneración del DF a la integridad física de los agentes de Policía Local por entender que el Ayuntamiento incumplió el deber de vigilancia de la salud el dia en que acontecieron una serie de disturbios como consecuencia de la detección de COVID entre los temporeros que se dirigían al centro de la ciudad. Tras remitirse a lo resuelto por el Tribunal en los antecedentes que cita y en aplicación de la jurisprudencia recaída en supuestos en los que se implicaba la vulneración del Derecho de Huelga, se parte de aquel firme pronunciamiento que no valoró de forma individualizada el daño real que los incumplimientos a que alude pudieron causar a cada uno de los agentes. Sobre la base de que una hipotética omisión de los elementales deberes de prevención ante la existencia de un riesgo para la salud derivado del COVID podría afectar a aquel DF se advierte que, en ámbito de cuantificación del daño, no puede discernirse si, aun participando en la contención de aquellos incidentes, el grado de contacto con los temporeros fue mayor o menor, si cada uno de los agentes tuvo o no que soportar el contacto personal con los mismos; lo que hace poco útiles los criterios generales de su determinación que, en definitiva, se concreta en el prudencial importe de 3000 € (por daño material) en favor de quienes estuvieron confinados 15 días sin constancia de padecimiento de la enfermedad.
Resumen: En la demanda se impugna el despido disciplinario que afectó a la trabajadora, quien formó parte de la comisión prevista en el artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, alegando que el mismo suponía vulneración del derecho de libertad sindical. La sentencia del Juzgado de lo Social estima parcialmente la demanda declarando el despido improcedente si bien reconociendo como titular de la opción a la demandante. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la empresa demandante, concluye que el derecho de opción no corresponde a la trabajadora, con lo que revoca la sentencia recurrida en el sentido de reconocer la opción en favor de la empresa.
Resumen: VOLKSWAGEN NAVARRA SA comunicó a la RLT que la semana del 21-03-22 se trabajaría con normalidad porque se habían adoptado medidas para el para el funcionamiento de la fábrica pese a la huelga de transportes. El 18-03-22 se comunicó que no se trabajaría esa semana por el recrudecimiento de la huelga. El 11-04-22 se alcanzó Acuerdo entre la empresa y la mayoría de la RLT. La sala afirma que la RLT puede pactar con la empresa tanto el calendario como sus posibles modificaciones, por lo que el Acuerdo adoptado no adolece de nulidad, no siendo aplicable el punto 3 del Acuerdo sobre el calendario 2022 que pacta supuestos de suspensión de la producción por el COVID y la falta de componentes y semiconductores como consecuencia de ello y la falta de producción del 21-03-22 es ajena ello y se debió al recrudecimiento de una huelga de transportes anterior a la suscripción del Acuerdo sobre el referido calendario, y tampoco se vulnera el art 30 ET porque la falta de productividad no fue imputable a una decisión de la empleadora, sino a la falta de suministro de componentes derivada de una situación de huelga que, aunque inicialmente conocida por la empresa (que había adoptada medidas suficientes para el funcionamiento de la fábrica), se vio superada por un recrudecimiento y radicalización de la misma (hecho sobrevenido) que afectó a dos fábricas suministradoras de piezas, por ello el Acuerdo que determina los importes a percibir por los empleados es válido al no apreciarse vicio al
